El conflicto cocalero en Bolivia como resultado del imperialismo estadounidense

Introducción

En Bolivia la producción de coca está centrada en dos grandes regiones: en los Yungas y en el Chapare. Los Yungas, en el departamento de La Paz, se ubican en la parte oriental de la cordillera de los Andes, clasificada como zona de bosques secos templados, con una altura que varía entre los 300 y los 2500 metros sobre el nivel del mar. La topografía es accidentada, lo que dificulta el establecimiento de agricultura mecanizada. Ésta ha sido la zona tradicional de producción de hoja de coca y es donde se produce una de mayor calidad. Por otro lado, el Chapare se sitúa en las zonas bajas del departamento de Cochabamba. Se trata de un valle más bajo, húmedo y caluroso que Los Yungas. Es una región donde la producción de hoja de coca es relativamente reciente pues los primeros colonos datan de la Reforma Agraria de 1953. En esta región se plantó la coca de los Yungas, pero también otras variedades como la “coca Trujillo” que dio muy buen resultado por su adaptabilidad y rápido crecimiento. En la actualidad se cultiva aquí más del 80% de la hoja de coca que se produce en Bolivia[1].

La mayor parte de la población del Chapare está formada por campesinos migrantes desde los valles y serranías del mismo departamento y de otros departamentos como Oruro, Potosí, Chuquisaca y La Paz[2]. El crecimiento poblacional de esta región de los últimos veinticinco años se debe al boom del precio de la hoja de coca debido al aumento de la demanda de cocaína en Estados Unidos. El colonizador chapareño está mucho más occidentalizado que el campesino yungueño debido al proceso de recolonización de una región que no tenía el fuerte arraigo indígena (aymara en este caso) de los Yungas. El proceso de alejamiento de su tradición cultural y su relación con el mercado de la coca-cocaína hacen de este sector del campesinado un grupo sumamente dinámico.

El cultivo adoptado por esta nueva masa campesina es la hoja de coca, porque es fácil de cultivar, crece en suelos pobres, las cosechas se realizan cada tres meses y tiene un amplio mercado donde poder comercializarla. Además, la mejora en las comunicaciones en la región del Chapare vinculada a la creciente demanda de Estados Unidos supuso un gran aumento en la producción ilegal de cocaína. Según datos proporcionados por Williams Herrera, entre 1976 y 1982 la producción de coca se incrementó en un 1.100%[3]. Es importante remarcar que la producción de hoja de coca se hace en parcelas pequeñas, según Herbert Klein de seis o menos hectáreas[4]. Con la reforma agraria de 1953, la producción de hoja de coca pasó de los grandes latifundistas yungueños a manos de pequeños agricultores, con lo cual también se distorsionó durante un corto periodo de tiempo el comercio hasta que éste volvió a acomodarse. Por lo tanto, es la primera vez en la historia de Bolivia que el producto de un minifundio tiene tanto peso en la economía exportadora del país. A nivel sociológico, los sindicatos que agrupan a los cocaleros están compuestos por muchos pequeños agricultores para los cuales la hoja de coca representa un sustento básico de su economía.

A nivel ideológico, el conflicto cocalero se inicia por la confusión que existe en Occidente entre hoja de coca y sus derivados, especialmente la cocaína. Esta “confusión” promovida por Washington es la que reviste de legitimidad internacional su “cruzada contra las drogas” y lo que permite que Europa apoye estas medidas. Aunque tradicionalmente en el área andina se ha producido coca, pondremos como fecha del inicio del conflicto cocalero los primeros años de la década del 80. Durante la dictadura de García Meza, y debido a los escándalos que vinculan a la dictadura militar con el tráfico de drogas, se refuerzan las presiones estadounidenses para acabar con los cultivos de coca.

La producción de hoja de coca que se destina al narcotráfico es básicamente la que se cultiva en el Chapare, porque en los Yungas, pese a producir una hoja de mayor calidad, los narcotraficantes se encontraron con dificultades, como la topografía y la vegetación, que no hacían seguro el negocio. Generalmente, la producción de los Yungas es que la que se ha mantenido para los usos tradicionales de la región andina. En cambio, en el Chapare, entre el 90 y el 95% de la producción de hoja de coca es la que se destina a la producción de cocaína[5].


La situación en Bolivia

El conflicto en Bolivia se origina por las presiones estadounidenses para erradicar la producción de la hoja de coca. Los diversos gobiernos bolivianos desde principios de los años 80’s se comprometen a cumplir con las medidas que Estados Unidos planea para la región andina, pero los cocaleros organizados en pequeños sindicatos que pertenecen a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) empiezan a organizarse para defender su modo de vida. Esta defensa tiene dos pilares básicos: por un lado se pretende mantener los ingresos generados por la producción de hoja de coca, por lo tanto es un motivo económico, pero por otro lado, el motivo que hace que gran parte de los bolivianos tenga simpatías por este movimiento es la defensa de la cultura tradicional andina representada en el cultivo y consumo de la hoja de coca, que en esta región tiene más de 3000 años. Así como en Colombia en julio de 1996 hubo una marcha de campesinos que aceptaban la erradicación voluntaria acompañada de proyectos de desarrollo, los campesinos cocaleros bolivianos agrupados en sus sindicatos no aceptan este intercambio porque para ellos la hoja de coca es algo propio de su tierra y de su cultura, no como en Colombia donde la hoja de coca es, al fin y al cabo, un producto importado. Por lo tanto, en Bolivia la defensa de la hoja de coca es una respuesta de carácter cultural y nacionalista contra el imperialismo estadounidense. Es por esto precisamente que en muchas de las marchas de lo cocaleros encontramos consignas como “viva la coca, mueran los gringos”, pues las políticas de erradicación incentivadas por Washington representan una agresión al modo de vida andino y a sus costumbres.

A finales de los 70’s y en la década de los 80’s se llevan a cabo dos planes quinquenales para la erradicación de la hoja de coca bajo mandato de la ONU, pero ambos resultaron ser un fracaso porque no hay ningún cultivo tan rentable como la hoja de coca que da de tres a cuatro cosechas anuales y a los tres años la planta ya está en su mayor rendimiento. Los bajos niveles de desarrollo económico que encontramos en el Chapare y los Yungas son los que provocan que los campesinos se nieguen a la erradicación de las plantas que les permiten el sustento. Por lo tanto, lo que hay que combatir es la pobreza en esas regiones, no la hoja de coca.

Después del gobierno de García Meza (1980-81), Bolivia necesitaba recuperar su imagen y demostrar que estaba llevando a cabo una verdadera lucha contra el narcotráfico si quería recuperar el favor de Washington. En esta época se realizan diversas incursiones militares en la selva y se destruyen “cocinas” donde se preparaba cocaína, pero a su vez, los campesinos de la región descubren que el ejército había usado el herbicida “2-4ST” para matar las plantas. Este herbicida fue usado por el ejército estadounidense en Vietnam y es popularmente conocido como “Agente Naranja”, por lo tanto, habían estado envenenando con este producto cancerígeno toda la región. En Julio de 1984, el gobierno de Unidad Democrática y Popular declara zona bajo control militar la provincia del Chapare, Carrasco, Arani del departamento de Cochabamba y la Provincia de Ichilo, del Departamento de Santa Cruz porque según los medios de comunicación los narcotraficantes actuaban a sus anchas por el territorio. La militarización de este territorio, y especialmente del Chapare, provocó denuncias de violación de los Derechos Humanos por abusos a los campesinos, resultando un fracaso la incursión de las Fuerzas Armadas porque no se detuvo a ningún narcotraficante[6].

A nivel legal, la Ley del Régimen de la coca y sustancias controladas o Ley 1008, vigente desde 1988, era una ley de interdicción que pretendía resolver el problema de la demanda fuera del escenario de consumo, que sería la sociedad occidental. Esta ley reconocía que hay una zona de producción tradicional y legal, donde se permite la plantación de la hoja de coca porque “histórica, social y agroecológicamente se ha cultivado coca”. Sin embargo, si los cultivos de coca que están localizados fuera de las zonas tradicionales son considerados ilegales, entonces se deja en la ilegalidad a muchas familias campesinas, atacando el tráfico transnacional de estupefacientes precisamente por su eslabón más débil. Por otra parte, la ley estableció “la erradicación mediante la aplicación de un Programa Integral de Desarrollo y Sustitución; iniciando con 5.000 ha. anuales hasta alcanzar la meta de 8.000 ha. por año”. Sin embargo, esta ley prohibía de manera explícita el uso de medios químicos, herbicidas, agentes biológicos y defoliantes para acabar con las plantaciones de hoja de coca, declarando que solo se permiten métodos manuales y mecánicos para su erradicación[7]. Por otra parte, esta ley creó la figura de “superfiscales” que no dependían del ministerio público, sino de la DEA, menospreciando así las instituciones y la soberanía de Bolivia. Además, la ley vulneraba el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, así como los valores de justicia y libertad. Con la Ley 1008, se criminalizaba a los campesinos cocaleros, que pasaban a ser encubridores del narcotráfico. Como respuesta a las medidas adoptadas por el gobierno boliviano los campesinos chapareños se organizaron para defender su producción minifundista de hoja de coca. De este modo, cuando la UMOPAR (Unidad Móvil de Patrullaje Rural, policía encargada de la erradicación manual de los cocales) entraba en los chacos de los campesinos los compañeros sindicalistas iban a prestar su ayuda. Como resultado de este proceso hubo muchos asesinatos y desapariciones de líderes sindicales y de campesinos que defendían sus terrenos hasta llegar al punto de que en abril de 1997 se produce la masacre de Eterazama con un saldo de cinco muertos y más de veinte heridos por armas de la UMOPAR. La violación de los Derechos Humanos se convierte en una constante y las justificaciones a estas violaciones, tanto por parte del ejecutivo como por la embajada estadounidense en La Paz, una costumbre.

En cuanto a la persecución institucional del narcotráfico, ya en 1973 se crea la Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas que en 1981 cambia a Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. Estas instancias, desde su creación, han dependido de personas en puestos relevantes dentro de las Fuerzas Armadas Bolivianas: primero de un oficial de la Fuerza Aérea, después un Capitán de Fragata y posteriormente un Teniente Coronel del Ejército. En 1987 se crean el Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico de Drogas, la Subsecretaria de Defensa Social, dependiente del Ministerio del Gobierno y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN). Estos ejemplos son los antecedentes de la citada Ley 1008 (1988), que también en su artículo 135 autorizaba la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.

Después de muchas críticas y de comprobarse que no ha reducido en lo más mínimo el fenómeno del narcotráfico, la ley 1008 fue parcialmente derogada en febrero de 1996 por la Ley de Fianza Juratoria contra la Retardación de la Justicia Penal, que estableció, entre otras cosas, la autonomía de los jueces antinarcóticos.

En la segunda mitad de la década de los 90’s, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Movimiento Revolucionario Tupac Katari presentan conjuntamente el “Plan de Todos”, apuesta importante que les permite ganar las elecciones. Este plan sostiene que la producción de la hoja de coca y de cocaína responde a la ley de la oferta y la demanda, por lo tanto, si se pudiera controlar la demanda se controlaría a su vez la oferta. En consecuencia, corresponde a las sociedades consumidoras los esfuerzos para controlar el narcotráfico, por lo tanto, la militarización de las zonas productoras y el fomento del desarrollo alternativo no son opciones viables debido a su ya demostrado fracaso[8].

El tipo de desarrollo alternativo que se ha venido promoviendo desde las instituciones y ONGs que trabajan en la región es el del modelo de desarrollo económico de tendencia “desarrollista” vinculado al pensamiento de Keynes, que procura incentivar el desarrollo de los países atrasados mediante la industrialización y la modernización, pero sin alterar el statu quo político-social[9]. Para la región es un desarrollo a la occidental, en que se intenta implantar la vía farmer en uno de los bosques lluviosos más intensos de América Latina que por sus características geofísicas no la tolera. Se ha demostrado que el monocultivo y las grandes plantaciones no son un buen método de desarrollo, sino de lumpendesarrollo[10] que a su vez son un ataque a la biodiversidad de la zona. Según Medina, el desarrollo alternativo ha fracasado porque prescinde absolutamente del ecosistema y de los usuarios. Por su parte, resulta paradójico que se reconozca en la declaración de los jefes de estado de la Cumbre Americana Antidrogas celebrada en San Antonio, Texas, en 1992, como “víctimas” a los campesinos cocaleros a los que la pobreza, como factor esencial, conduce a producir hoja de coca, pero mientras tanto siga vigente en ese periodo la ley 1008 que los criminaliza.

En el año 2000 el gobierno boliviano anunció que había logrado su objetivo de llegar a un nivel de “coca cero”. Sin embargo, se han realizado desde entonces nuevas plantaciones de coca en otras zonas, trasladando una parte de la producción destinada a la cocaína de la región del Chapare a la de los Yungas. Del mismo modo, en 2003, el Departamento de Estado estadounidense anunció que la producción de hoja de coca en Bolivia había aumentado un 17%, llegando así a más de 18 mil hectáreas de producción[11]. En el 2005 esta cantidad volvió a aumentar un 8% según el mismo Departamento de Estado, siendo éste el quinto año de crecimiento consecutivo en cuanto a las hectáreas de cultivo[12]. La hoja de coca ha sido en los últimos años el producto de mayor importancia económica para Bolivia, superando en exportaciones incluso la de gas.

Hoy en día, se estima que la producción de hojas de coca excede, en porcentajes muy difíciles de establecer, a la demanda de hojas para la elaboración estatal de cocaína para usos medicinales y para proveer a la población que legítimamente consume hojas de coca, por lo tanto, sí que hay una gran parte de producción ilegal que se destina a la producción de cocaína. Se calcula que entre el 60 y el 95% de los ingresos totales del campesino cocalero provienen del cultivo de la coca[13], aunque éstos se mantienen en la pobreza porque son los distribuidores de cocaína los que se enriquecen, no los productores de hoja de coca.

Bolivia es un país con una gran proporción de población indígena que consume para usos tradicionales gran cantidad de hoja de coca. La reivindicación progresiva de su condición quechua o aymara, especialmente, ha significado un reforzamiento de los símbolos de su identidad nacional, entre ellos la coca. Por otro lado, debido a la debilidad de su sector capitalista empresarial la economía boliviana depende en gran medida de la producción de hoja de coca para sustentarse. Con la caída de los precios de los minerales y la creciente demanda de productos derivados de la hoja de coca, esta planta ha pasado a ser la base de la economía boliviana. Por otro lado, desde la conquista española la coca se encuentra íntimamente ligada al comportamiento de la minería, aumentando su consumo en los momentos de auge minero y declinando en los momentos de depresión de la minería, aunque en la actualidad el peso del sector minero en la economía boliviana ha descendido abruptamente debido al decreto 21060 que ordenaba el casi cierre total de las minas estatales.


El rol de Estados Unidos

La sociedad estadounidense está en crisis, por eso el elevado consumo de drogas, tanto legales como ilegales, pero el gobierno de Washington prefiere echar la culpa a una supuesta “conjura latinoamericana” que preguntarse el porqué de tan elevado uso de narcóticos en el interior de su sociedad.

Una manera contundente de actuación de Estados Unidos a nivel global es el hecho de presentarse como país que lucha por el bien de la humanidad y que sus ideales son los ideales del mundo en general. La universalización de los valores estadounidenses es un claro ejemplo del poder blando del que nos habla el teórico transnacionalista Joseph Nye. Respecto al tema de las drogas, vemos como se universaliza la lucha contra las drogas dirigida ahora por Naciones Unidas bajo primacía estadounidense, y que parece estar luchando por el bien de la humanidad al promover políticas de erradicación en base a informes totalmente manipulados por Washington.

Si aprendemos la historia del fracaso de las políticas prohibicionistas del alcohol de los años 20’s del siglo pasado, y teniendo en cuenta que la división entre drogas blandas y duras es política y no científica, nos daremos cuenta que el hecho de mantener las drogas “duras” como algo ilegal es una irresponsabilidad. Por un lado se consigue que el mercado de las drogas esté en manos exclusivas de unos pocos desaprensivos que adulteran el producto envenenando a la población que consume drogas debido a que no hay un control sanitario del producto que se vende, a su vez, el hecho de que sea ilegal provoca que las grandes mafias se embolsen cantidades millonarias mientras los estados gastan esas mismas cantidades millonarias en perseguir supuestamente a estos narcotraficantes ¿no sería más provechoso que todos esos millones de dólares se destinaran a proyectos más provechosos para la sociedad mientras las drogas se venden en la misma calidad que el tabaco o el alcohol? ¿No ayudaría la legalización de los estupefacientes a desarrollar las zonas productoras de hoja de coca de los Andes?

Un ejemplo de lo que representa el imperialismo estadounidense es que la erradicación de la coca es la llave de “certificación” para acceder a ayudas internacionales. La certificación es el visto bueno que el primero de marzo de cada año el presidente de los Estados Unidos da a los países que han colaborado en la erradicación de los cultivos productores de cocaína y heroína y que han detenido a narcotraficantes de relevancia. Como consecuencia de la aplicación de la Ley Pública 99-570 de 27 de Octubre de 1986 se establece la “certificación plena” de Estados Unidos a los países productores y de tránsito de sustancias psicotrópicas. El hecho de que Estados Unidos no dé la certificación no solo implica dejar de recibir ayudas estadounidenses a nivel bilateral, sino que los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo dejan de dar apoyos y el país se convierte en un paria de la economía internacional.

Otro claro ejemplo de imperialismo estadounidense es el hecho que desde Washington se dicten las políticas de la lucha contra las drogas a llevar a cabo en países como Colombia, Bolivia, Perú y México. Esta es una clara invasión de la soberanía nacional de dichos países puesto que un ente extranjero les dice qué medidas llevar a cabo y cómo hacerlo. Si estos países no se pliegan a los deseos del imperio se convierten en posibles enemigos que sufren el chantaje en las instituciones y foros internacionales.

Teniendo en cuenta que el problema del consumo y tráfico de estupefacientes es claramente del primer mundo (los consumidores, los mayores beneficiarios económicos, los laboratorios químicos con los que se convierte la hoja de coca en cocaína, etc. están todos en Europa o mayormente en Estados Unidos) ¿Por qué deben de ser los países del área andina los que lleven a cabo las medidas represivas? Estados Unidos consume más del 50% de las drogas a nivel mundial ¿porqué debe ser este país quien dicte las medidas a llevar a cabo para luchar contra el narcotráfico? Las extradiciones son otro ejemplo del vasallaje de América Latina hacia el gigante del Norte. ¿En que país se acepta la figura legal del extraditable como a una persona que ha cometido un delito dentro de su propio país? ¿Quién es Estados Unidos como para saltarse la soberanía de los países de América Latina de esta manera? ¿No deberían de ser juzgados en su país bajo el auspicio de sus leyes los narcotraficantes que cometen un delito en su tierra? ¿Porque deben de ser juzgados en Estados Unidos?


La política antidrogas como expresión del imperialismo

Después de analizar algunos de los ejemplos más contundentes de la conducta de Estados Unidos respecto a América Latina considero que la teoría del imperialismo es la que más se ajusta a la realidad para comprender las relaciones Estados Unidos-América Latina. Aunque hoy en día parezca obsoleto hablar de imperialismo en según que círculos, un análisis de esta teoría y de las relaciones que mantiene Estados Unidos con cada país nos ayuda a comprender ciertas realidades. Aunque en 1961 C. Wright Mills considerara que “la Doctrina Monroe, está tocando a su fin”[14] hoy en día vemos que desafortunadamente eso no se ha dado así. Estados Unidos no ha perdido su interés en la región. El caso de Bolivia es paradigmático en cuanto es el país más pobre de la América continental, pero a su vez posee gran cantidad de materias primas. Es un país que tradicionalmente ha estado gobernado por la minoría blanca y conservadora o liberal del país, que ha tenido grandes luchas sociales contra los oligarcas y los “señores del estaño” subordinando siempre los intereses nacionales a los extranjeros.

Me gustaría remarcar lo absurdo que llega a ser el penalizar una planta, sea cual sea su uso ¿o es que vamos a prohibir también los metales con lo que se hacen las armas? Por otro lado, ¿por qué si el alcohol es también una droga no se deja de producir vino en California? ¿Por qué se quiere obligar a los países andinos a que dejen de cultivar una planta que tiene muchos más usos que la producción de cocaína? ¿Es porque son estados débiles y pobres que Estados Unidos se permite no respetar la soberanía de éstos? Supongo que a todos se nos haría ridículo si un día se “prohibiera” la uva porque de ella se produce el vino, pero en occidente a nadie le sorprende que se prohíba la coca porque se produce cocaína.

El uso de drogas por sus efectos alucinógenos, reanimadores, de acercamiento a Dios, etc, ha sido una constante de la historia de la humanidad. Su uso cultural ha acompañado el desarrollo de las diferentes culturas desde épocas milenarias. Por ejemplo, vemos como incluso personajes de cómic abusan de las drogas para conseguir sus objetivos ¿o es que nadie se ha preguntado qué es lo que consume Astérix que le da tanta fuerza y energía? De hecho, los efectos que tiene la pócima mágica que siempre lleva en una cantimplora son los mismos que los de la hoja de coca. Entonces ¿vamos a prohibir esa y otras caricaturas o vamos a intentar comprender que el consumo de drogas va unido a nuestra cultura?

Desde 1986 los Estados Unidos se han autodesignado jueces mundiales contra el narcotráfico, imponiendo sus leyes fuera de sus fronteras nacionales. Estados Unidos se otorga el papel de gobierno mundial al “certificar” a los países que cumplen las normas que ellos imponen para acabar con el narcotráfico, pero ¿quién certifica a Estados Unidos? ¿Quién comprueba que está llevando a cabo medidas efectivas para acabar con la demanda de drogas? Hay algo que resulta evidente aunque Estados Unidos insista en lo contrario: no se podrá acabar con el narcotráfico hasta que no se termine con la demanda de drogas, por lo tanto, si realmente se quiere acabar con esta lacra lo que hay que atacar no es la producción, sino la demanda de drogas. El hecho de que Estados Unidos nunca haya tenido en cuenta para sus presiones que la hoja de coca es un cultivo tradicional de la zona andina al que están vinculados el mal de altura, la medicina tradicional y diferentes rituales religiosos es una muestra de la soberbia con la que actúa Washington en América Latina. Si realmente se quiere acabar con la producción de hoja de coca que no sea para usos tradicionales de la zona andina, no es suficiente con erradicar los cultivos excedentarios y aplicar planes de desarrollo diseñados por occidente que resultan ser un fracaso al ser aplicados en los Andes. Precisamente porque los cocaleros pertenecen a una civilización no occidental, su cosmovisión y su lógica deberían de ser la clave para la resolución definitiva del conflicto, por lo tanto, ellos deberían de ser los principales protagonistas e ideólogos del proceso de desarrollo boliviano. Una cosa es la visión del Estado moderno-capitalista y como entiende el tema de la coca. Y otra cosa muy diferente es la gente común que ve en la coca, no una mercancía, sino un culto milenario e identitario, y que justamente eso permite que se condensen dos lógicas muy diferentes; por un lado la capitalista, y por otro la idiosincrasia milenaria. Por eso la defensa de la coca o el grito unánime de “viva la coca, mueran los gringos” es una proclama que va más allá de la mera defensa de un producto para cultivar. Teniendo en cuenta que su modo de vida, su lengua, su modo de pensar es muy distinto al nuestro occidental, su cosmovisión es también totalmente diverso.

En la actualidad Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor mundial de drogas. La lucha contra los narcóticos que se ha endurecido desde la década de los 80’s no ha supuesto una disminución ni de la producción ni del consumo, por lo tanto considero que deberíamos plantearnos también cual es el objetivo básico de dichas políticas o si hay un objetivo oculto detrás de la internacionalización de lo que en teoría es un problema de salud. Es sorprendente que si, según datos de Ibán de Rementeria, el consumo de cocaína, procedente en su totalidad de América Latina, solo representa el 17% del mercado mundial de drogas naturales porqué Estados Unidos ha emprendido una lucha contra la droga que solo afecta a la hoja de coca y sus derivados, sin ser tan persistente contra otras drogas duras como la heroína o los ácidos sintéticos. Además, visto el fracaso de las medidas represivas de interdicción ¿no es hora de que nos preguntemos qué es lo que falla? ¿Qué tal vez estas medidas no son las adecuadas para acabar con el consumo de droga? ¿No es hora de implementar otra política visto el fracaso de las actuales? El hecho de que se insista en seguir llevando a la práctica políticas destinadas al fracaso nos ayuda a llegar a la conclusión que su verdadera intención no es acabar con el consumo de drogas, pues es difícil de aceptar que siendo Estados Unidos una superpotencia no sea capaz de acabar con dicho enemigo, aunque sea tan escurridizo. Tal vez, si realmente se quisiera controlar el consumo de drogas, no se debería de actuar sobre el origen, sino sobre el consumo de una manera más contundente, por lo tanto, esto nos lleva a pensar que detrás de la política antidrogas hay otro fin, que no tiene mucho que ver con la hoja de coca.

Considerando que las drogas son productos que provocan que la población distorsione la realidad, que se calme o se enerve por motivos superficiales, es justo sospechar que las drogas han sido usadas por los gobiernos para entorpecer tanto procesos revolucionarios como para “dormir” los movimientos sociales. Un claro ejemplo de esto es que durante la huelga de la UNAM del año 1999 el consumo de drogas “duras” entre los estudiantes aumentó de manera considerable, pero ¿Quién introdujo la droga en las instalaciones universitarias? La cuestión es: ¿qué revolución se ha hecho con drogas? Esto nos hace pensar que entonces, su objetivo al insistir en llevar a cabo una lucha tan contundente como fracasada no es el de acabar con el consumo de drogas en el primer mundo.

Según una funcionaria de la cancillería boliviana con quien me entrevisté el día 22 de mayo de 2007, el interés de Estados Unidos en la hoja de coca es básicamente por sus usos farmacéuticos y se niega a legalizarla debido a su incapacidad de producirla y patentarla como producto medicinal. Sí que es relevante el rol que juegan las farmacéuticas en todo este conflicto, puesto que son miles de millones de dólares los que se mueven en el sector salud cada año, pero no creo que ese sea el factor principal, sino un elemento complementario. Y lo creo así porque por ejemplo México no es un país productor de cocaína, sólo es un país de tránsito y con unos extremadamente fuertes carteles pero está más militarizado que Bolivia. Entonces ¿Cuál sería la justificación dentro de esta teoría de la militarización de México? Por lo tanto, aunque considero que las patentes medicinales de los productos derivados de la hoja de coca son una justificación de la intervención de Estados Unidos en la región, no creo que sean la principal causa de su lucha contra las drogas en el continente.

La cuestión es ¿por qué Washington está tan interesado en mantener militarizada la región andina? Hay diferentes elementos que nos pueden ayudar a entender el porqué de esta actitud. Por un lado, Bolivia es una gran reserva de gas y también posee yacimientos petrolíferos. En un momento en que los recursos son tan importantes para las economías capitalistas de occidente, mantener controlado un país tan pobre pero a la vez tan rico puede ser sumamente importante. A nivel latinoamericano, países como Ecuador y Colombia también son proveedores de petróleo, aunque a menor nivel que Venezuela. Por otro lado, el eje geopolítico que se ha formado desde la elección de Morales que se suma a Cuba y Venezuela es un claro desafío a los intereses estadounidenses. El hecho de que el ALBA se convierta en una alternativa viable al ALCA supone una pérdida de control estadounidense de una región que tradicionalmente ha fungido de fuente de materias primas baratas para Estados Unidos. A su vez, representa un fortalecimiento de la Cuba castrista, tanto a nivel ideológico como económico, porque se agudizan los lazos con el continente.

Considero que la subsistencia del imperio pasa por el mantenimiento de su liderazgo mundial, y esta es precisamente la clave en la política antidroga. “Decidiremos por ustedes, respecto de ustedes, pero sin ustedes”[15].



Publicado en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid. Número 17. Pág: 257-264. ISSN 1578-6730. http://www.ucm.es/info/nomadas/17/susanaberniola.pdf




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[1] Cortéz, Roger. La guerra de la coca. Una sombra sobre los Andes. CID-FLACSO. La Paz. 1992. Pág: 192.
[2] Aunque conocemos la teoría que afirma que muchos campesinos cocaleros son ex-mineros relocalizados por el decreto 21060, no compartimos esa teoría porque la mayoría de los mineros se fueron a El Alto o a otras ciudades de Bolivia y solo un porcentaje muy pequeño se hizo campesino.
[3] Herrera Añez, Williams. La despenalización del narcotráfico. Ed. Sirena. Santa Cruz de la Sierra. 1996. Pág: 16.
[4] Klein, Herbert S. Historia de Bolivia. 8º ed. Juventud. La Paz. 1999. Pág: 281.
[5] Zambrana Román, Jebner. Guerra antidrogas: entre Halcones y Palomas. Fondo editorial de la Cámara de Diputados-Los amigos del Libro. La Paz. 1996. Pág: XII.
[6] Herrera Añez, Williams. Op. Cit. Págs: 63-64.
[7] Artículo 18 de la Ley 1008.
[8] Medina, Javier. El trueno sobre los cocales. Coca, cultura y democracia participativa municipal. Ed. Hisbol. La Paz. 1995. Pág:85.
[9] Medina, Javier. Op. Cit. Págs: 67-71.
[10] Término acuñado por André Gunder Frank en su libro Lumperburguesía: lumpendesarrollo. Serie Popular. Ed. Era. 4º ed. México. 1971.
[11] Youngers, Coletta A. y Rosin, Eileen. Drogas y democracia en América Latina: El impacto de la política de Estados Unidos. WOLA-Biblos. 1º ed. Buenos Aires. 2005. Pág: 21.
[12] U.S Department of State: http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2006/vol1/html/62106.htm, consultada el 03-01-2007.
[13] Ortega Bayona, Rina Berenice. La resistencia como proceso histórico de formación de identidad y de clase: el caso del movimiento campesino cocalero en Bolivia frente al neoliberalismo. Tesis de maestría inédita, UNAM. México. 2005. Pág: 160.
[14] Wright-Mills, Charles. Escucha yanqui: la Revolución Cubana. Grijalbo. 1º ed. Barcelona. 1980. Pág. 269.
[15] Zambrana Román, Jebner. Op. Cit. Pág: 13.

Sobre la eficiencia sanitaria

En tiempo de crisis se habla más de lo habitual sobre la "eficiencia" en el sector de la sanidad. Resulta que estamos preocupados por el coste de un derecho universal. Pero yo me planteo una cuestión que considero básica a la hora de medir la "eficiencia" del sector sanitario: ¿es cuantificable una operación? ¿Qué operación es más eficiente: una apendicitis o un transplante de corazón? ¿Qué enfermo tiene más derechos? La cuestión básica es: hasta qué punto es cuantificable la sanidad. Por un lado comparto la postura de algunos respecto a que se debe hacer más hincapié en la prevención. Es cierto que muchas enfermedades pueden prevenirse, lo cual es mejor tanto para el enfermo como para evitar tratamientos posteriores, pero hay cosas que no se pueden prever. Por otro lado, hay operaciones que son más costosas que otras, pero eso no quiere decir que sean más o menos importantes. Entonces, el punto básico es hasta qué punto estamos entrando en el juego de la derecha de participar en la privatización de un derecho que para muchos no es universal, sino más bien un negocio. Viendo la actuación de la presidenta de Madrid ante los hospitales públicos de la comunidad creo que deberíamos reflexionar sobre si debemos permitirnos caer en su juego o tener una postura propia, mucho más social y progresista como es el defender un derecho que, por mucho que nos nieguen, es nuestro.

Este artículo ha salido publicado hoy en el diario Público y creo que vale la pena difundirlo. Así que a disfrutar con las reflexiones de Vicenç Navarro!!

La Transición no fue modélica
09 Abr 2009

VICENÇ NAVARRO
Existe una percepción generalizada en los establishments políticos y mediáticos españoles de que la Transición de la dictadura a la democracia que tuvo lugar en la segunda mitad de los años setenta fue modélica; es decir, ejemplar. Quisiera exponer en este artículo mi desacuerdo con esta percepción, subrayando que la continua promoción de tal lectura de nuestra realidad favorece a las fuerzas conservadoras, que continúan teniendo un enorme poder en nuestro país. En realidad, la Transición se hizo en términos muy favorables a estas fuerzas conservadoras, herederas de aquellas que en su día fueron responsables del golpe militar de 1936 y que, 40 años más tarde, dirigieron aquel proceso de transición. Me estoy refiriendo a la banca, a la patronal y a la Iglesia, defendidas por el Ejército y por la Monarquía, que representa el símbolo y continuidad de este dominio.
Este enorme bloque de poder se vio forzado a realizar cambios significativos en respuesta a grandes movilizaciones populares. La imagen tan promovida por el establishment mediático y político del país de que el rey nos trajo la democracia es una burda manipulación del análisis histórico. La mejor prueba de la escasa sensibilidad democrática del monarca fueron los borradores del cambio propuesto por los primeros gobiernos monárquicos, en los que la representatividad y diversidad política estaban sumamente limitadas. Fue la presión de las clases populares y, muy en particular, de las huelgas obreras de claro carácter político (ignoradas y ocultadas en la historiografía oficial) las que forzaron los cambios en aquellos borradores.En aquellos años tuvieron lugar las movilizaciones de la clase trabajadora más intensas que se hubieran visto en Europa desde los años sesenta. En 1976, hubo 1.438 días de huelga al año por cada 1.000 trabajadores (la media en la Comunidad Europea era de 390 días) y en la metalurgia, 2.085 por cada 1.000 (el promedio en la Comunidad Europea fue de 595 días).
Un tanto semejante ocurrió en 1977. Tales movilizaciones forzaron los cambios, pero, debido a la enorme represión de la dictadura (por cada asesinato político que hizo Mussolini, Franco realizó 10.000) y al gran poder del bloque conservador, no consiguieron romper con el enorme dominio político que aquel bloque tuvo en configurar la Transición. No hubo rotura (como sostiene una interpretación sesgada de la Transición, promovida por el bloque conservador y con la complicidad de algunas voces de izquierda), sino una reforma dirigida por aquel bloque de poder y que dejó su imprimátur tanto en la Constitución (que iguala, por ejemplo, la escuela privada –gestionada en su mayoría por la Iglesia y que sirve a los grupos sociales más pudientes de la población– con la escuela pública, a la que asisten los niños de las clases populares), como en el sistema electoral que estableció (que discrimina a la clase trabajadora, hoy enormemente subrepresentada en uno de los sistemas electorales menos representativos de los regímenes electorales existentes).Y este dominio de aquel bloque conservador continúa siendo enorme. Entre otros indicadores de tal poder cabe destacar que hoy, 33 años después de la Transición, España continúa siendo:
1. El país con el gasto público social por habitante más bajo de la UE, situándose a la cola de los países con semejante nivel de desarrollo económico; es decir, la Unión Europea de los Quince (UE-15).
2. El país de la UE-15 con mayor fraude fiscal, realizado en su mayoría por la banca, la patronal y los sectores más pudientes de la población. Según las propias cifras de los técnicos del Ministerio de Hacienda, tal fraude fiscal equivale a un 10% del PIB, por lo que España es el único país de la UE-15 donde, según las declaraciones de renta, un empresario ingresa menos al año que un trabajador.
3. El país con mayores desigualdades de renta (junto con Gran Bretaña, Grecia y Portugal) de la UE-15.
4. Uno de los países con uno de los Estados del bienestar más polarizados de Europa, con el 30% de renta superior del país cubierto por los servicios educativos (excepto los universitarios) y sanitarios privados, y el 70% restante (clases medias y clase trabajadora) por los servicios públicos.
5. El país de la UE-15 en el que mueren más trabajadores por enfermedades laborales sin que ello conste en su certificado de muerte, como consecuencia del enorme poder de la patronal y de las Mutuas Patronales Laborales que controlan.
6. El único país donde no se puede criticar al jefe del Estado (que no permite en su presencia denunciar al dictador que ha asesinado más españoles en el siglo XX, al cual su consorte, la reina, se ha referido como un dictador blando).
7. El país que aporta más fondos públicos a una de las jerarquías eclesiásticas católicas más retrógradas de las existentes en Europa.
8. El país donde un nacionalismo exacerbado central, heredado del franquismo, ahoga a las nacionalidades periféricas sin permitir el reconocimiento de un Estado auténticamente plurinacional.
9. El único país de Europa que ha padecido una dictadura donde las víctimas asesinadas por aquella continúan desaparecidas sin que el Estado se haya atrevido a desenterrarlas y darles el homenaje que se merecen.Estos indicadores, entre otros muchos, deberían cuestionar la definición de aquella Transición como modélica. La insistencia en presentarla como tal fortalece a las fuerzas conservadoras que dominaron aquel proceso. Su constante reproducción en los medios tiene, además, el impacto de disminuir las expectativas de cambio entre la población, al reducir los objetivos a los que las fuerzas democráticas debieran aspirar, dificultando todavía más el muy necesario cambio que el país necesita para alcanzar la calidad de vida que su población se merece.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicasde la Universidad Pompeu Fabra.

Un dia mágico...

El 9 de abril es un dia mágico, tanto histórico como personal: tal dia como hoy en 1952 empezaba la Revolución Boliviana, el MNR junto a los mineros, colectivo con enorme conciencia de clase, tomaban las calles de La Paz. Era el fin del sistema feudal boliviano que había estado controlado por los Barones del Estaño manteniendo a la mayor parte de la población en una mísera situación. Aunque la Revolución acabó siendo traicionada por el propio MNR, ya no hubo vuelta atrás.

En lo personal, hoy hace dos años que llegué al hermoso país andino, país del que me enamoré y al que espero volver lo antes posible. Esa estancia de cinco meses me cambió tanto, que también puedo decir que ya no hay vuelta atrás: ¡jallalla Bolivia!!